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La participación social en la ciudad

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La necesidad de ordenar las decisiones que deben tomar los políticos, los técnicos y los habitantes

Sonia P. Landázuri ¿Es la participación ciudadana una nueva disciplina que resolverá los problemas de la ciudad y la práctica profesional de los arquitectos urbanistas?

Últimamente estamos asistiendo a una explosión informativa, en todos los medios de comunicación, demandando una mayor participación de la sociedad en los asuntos de la ciudad. No es algo nuevo. Algunas comunidades autónomas llevan la delantera a este respecto, tales como Cataluña o el País Vasco. Y de unos años para acá es un asunto estudiado en la Universidad de una manera transversal, por sociólogos y arquitectos urbanistas principalmente.

Lo que sí es relativamente nuevo es el eco que está teniendo y la receptividad por parte de nuestros representantes políticos. Hace unos días, el Alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, decía, en referencia a la demanda de la plataforma ciudadana “Imagina un Bulevar”, “vivimos nuevos tiempos y nuevas formas de hacer política”, por ello los vecinos tendrán voz en los “principales proyectos urbanos”.

Dice el sociólogo Jordi Borja, actual director del área de Gestión de la Ciudad y Urbanismo en la Universitat Oberta de Catalunya, que “la participación requiere que el poder político reconozca a los representantes de los ciudadanos la capacidad de influir en la elaboración y ejecución de las decisiones públicas”.

Y como ya planteó nuestro compañero Mikel Ocio Endaya, director de la oficina del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, en una jornada organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, (COAA), el pasado mes de marzo, a propósito de si se hubiese preguntado para decidir si se realizaba o no el Museo Guggenheim. Dado el contexto de crisis en que estaba sumido Bilbao en el momento en que esa decisión se tomó, ¿hubiese salido que sí? Y nos dejó pensando en una batería de preguntas, ¿quién decide sobre el interés general? O, más bien, ¿qué decisiones relativas a cuestiones de interés económico, social o político deben tomarse con o sin la participación de la ciudadanía?

Han pasado más de 40 años desde los movimientos vecinales de los años 70, y el contexto sociopolítico ha cambiado, y mucho. Entre otras cosas, percibimos un mayor distanciamiento entre nuestros representantes políticos y la sociedad, lo que está causando un descontento generalizado, que provoca declaraciones tan contundentes como que las decisiones, sin diferenciación, tiene que tomarlas la ciudadanía. Pero lo que en definitiva se está exigiendo es una mayor transparencia en las decisiones políticas, para lo que es fundamental la comunicación bidireccional y en permanente retroalimentación administración-sociedad, en red horizontal, y no jerarquizada como los medios tradicionales. Por ello merece la pena un cierto diagnóstico que ponga un poco de orden en todo ello.

En el marco social en el que convivimos, cabe distinguir tres escenarios básicos, el político el técnico y el ciudadano. Por obvio que parezca conviene recordar que el escenario político no solo lo componen los representantes que votamos cada cuatro años. El escenario técnico lo componen los profesionales que la sociedad ha formado, y delega en ellos la aplicación de su conocimiento a la disciplina de hacer ciudad. Y el escenario ciudadano, como una parte sustantiva del mismo espacio político, lo compone la sociedad civil o mejor “sociedad política” (Jordi Borja, 2010), que tiene en su mano la decisión de quien la representa cada cuatro años. Otra cosa es cómo se produce esa representación y la responsabilidad que dichos políticos puedan llegar a tener por una mala gestión en su cargo público. Pero eso se resuelve de otra manera, no suplantando la ciudadanía el papel de los políticos ni el de los profesionales, en nuestro caso arquitectos, entre otras cosas porque no es el suyo, lo que puede acabar produciendo frustraciones.

Por tanto, debemos armar la estructura para que la ciudadanía participe en la legitimación de determinadas decisiones sobre la ciudad. Desde el COAA, como sociedad política que somos, llevamos no solo difundiendo y defendiéndolo desde hace algún tiempo, sino que estamos muy implicados en ello. Entre otras cosas, hemos participado a petición del Ayuntamiento de Gijón, elaborando, desde una mirada por parte de los arquitectos, como responsables de hacer ciudad, un documento denominado “Pre-diagnóstico y estrategias generales de ordenación del municipio de Gijón que sirva de base para el proceso de consulta y participación ciudadana”. En él, hemos definido el modelo territorial, a través de cosas concretas para que la ciudadanía no hable sobre abstracciones, sino que pueda entender y visualizar los problemas urbanos y opinar sobre la resolución de los mismos. Porque, en definitiva, una cosa son ocurrencias y otra muy diferente ideas fundamentadas.

Esta metodología -consistente en entender la participación, más allá de la calidad democrática, como parte del diagnóstico y establecimiento de prioridades en la problemática urbana- ha permitido centrar un debate sobre la ciudad, diagnosticada, desde la perspectiva de los profesionales cualificados, para que con posterioridad la ciudadanía se manifieste, se recojan todas sus propuestas y a partir de ahí los profesionales las analicen y desarrollen de nuevo para que nuestros representantes políticos las ejecuten o pongan los medios para ello. Por tanto, los responsables últimos son nuestros representantes que, como decía el alcalde de Oviedo, tomarán las decisiones teniendo en cuenta las opiniones de la ciudadanía (en muchos casos múltiples y contradictorias o, al menos, ambivalentes). Estaría bueno que se eximiesen de su responsabilidad, trasladándosela a la sociedad. ¿Acaso dejamos que cualquier persona nos diagnostique un problema médico, o decida qué tipo de operación hay que realizar? Así ciudadanos y representantes políticos son co-participes de las decisiones, que no es lo mismo que decir que la ciudadanía es quien decide. Y en esta co-participación los arquitectos somos un canal de comunicación e intermediación entre la ciudadanía activa y los estamentos políticos, interpretando las demandas ciudadanas, a través de estrategias propositivas.

El reto, sin duda, está en crear una metodología que permita integrar estos programas participativos en el proceso de redacción de los instrumentos que establecen el marco jurídico para construir la ciudad, esto es, los Planes Generales de Ordenación, Planes de Desarrollo, o que detectan y delimitan las áreas de oportunidad que ha generado la ciudad, futuros Proyectos Urbanos.

Investigar sobre la puesta en marcha de acciones participativas permitirá que los movimientos asociativos, y la ciudadanía en general, así como las entidades culturales, sociales y económicas, dispongan de la oportunidad y los canales adecuados para participar de una manera ordenada en la formulación del futuro de la ciudad. Hacer co-partícipes a las administraciones y ciudadanos en la toma de decisiones es una necesidad, no solo de salud democrática y de responsabilidad ciudadana, sino una manera eficiente de acceder al conocimiento colectivo, y por tanto de evitar conflictos cuando estos se generan a consecuencia de maneras de trabajo obsoletas y al margen de la realidad social. Y esto lo tenemos que seguir demandando desde la sociedad, ya que, parafraseando a Manuel Castells, “A lo largo de la historia, los movimientos sociales, han sido, y siguen siendo las palancas del cambio social”. Y con los arquitectos, y sus instituciones representativas comprometidos con la sociedad, que nos permita construir la ciudad del presente y planificar la del futuro.